Las plataformas de streaming se han integrado por completo en nuestra vida diaria, transformando la forma en que consumimos contenido audiovisual. Ya sea para ver películas, series, vídeos o escuchar música y podcasts, recurrimos constantemente a ellas para acceder a todo tipo de entretenimiento en línea.
Sin embargo, detrás de la comodidad de tener entretenimiento sin fin, existe una realidad que no es tan sencilla. ¿Qué ocurre cuando un usuario vulnera los derechos de autor o sube contenido ilícito a estas plataformas? ¿Quién asume la responsabilidad, el usuario o la plataforma?
Breve definición de qué son las plataformas de streaming
Las plataformas de streaming son servicios digitales que permiten a los usuarios acceder y consumir contenido multimedia de forma inmediata desde cualquier dispositivo y sin necesidad de descargarlo previamente.
A través de una conexión a Internet, en estas plataformas se pueden ver películas, series, vídeos y retransmisiones en directo; o escuchar música, podcasts, etc. Algunos ejemplos típicos de este tipo de plataformas son YouTube, Netflix, Amazon Prime o HBO, entre otras.
¿Dónde se regulan las plataformas de streaming?
Uno de los principales retos de la regulación de estas plataformas es su carácter transnacional. Al operar a nivel global, el contenido accesible en un país puede estar regulado por normativas diferentes en otros países.
Así que, existen varias normas que regulan las plataformas de streaming, como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI); la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA); el Digital Services Act (DSA); la Directiva de Comercio Electrónico (DCE); o la Directiva (UE) 2019/790, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital; entre otras.
Las distintas leyes denominan a las plataformas de streaming de diferentes formas técnicas, como “prestadores de servicios intermediarios”, “prestadores de servicios de alojamiento de datos” o “prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI)”. Pero no entraremos a analizar estos términos y subtérminos, basta con conocer que todas estas denominaciones pueden referirse a las plataformas de streaming.
Estas plataformas son, según la ley, servicios que se prestan a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario. En otras palabras y dicho de forma más simple: para la ley una plataforma de streaming es una plataforma que comparte contenido y permite consumirlo bajo demanda del usuario.
¿Quién es el responsable del contenido ilícito subido a las plataformas de streaming?
Para responder a esta pregunta tenemos que hacer lo que se conoce como un “examen granular”. Es decir, hay que analizar el rol de la plataforma:
¿Realiza una actividad meramente técnica, automática y pasiva? Es decir, ¿se encarga únicamente de facilitar la tecnología para compartir el contenido o participa en la decisión de lo que se publica?
¿Tiene conocimiento efectivo del contenido ilícito que se aloja en ella?
¿Ha llevado a cabo una actuación diligente para retirar el contenido ilícito una vez sepa que existe?
Estas cuestiones se regulan en los artículos 16 LSSI y 6 DSA, que establecen que los prestadores de servicio (las plataformas de streaming) no serán responsables por la información almacenada en en ellos siempre que:
No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona los derechos de autor de otros.
Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar el contenido o hacer imposible acceder a él.
También el art. 138 de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) establece un “régimen de responsabilidad secundaria o atenuada” de estas plataformas. Es decir, la plataforma será considerada responsable de la infracción de derechos de autor en caso de que:
Induzca o coopere con la conducta infractora (subir contenido ilícito).
Conozca la conducta infractora o tenga indicios razonables para conocerla.
Tenga un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora.
Cuenta con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.
En resumen, en principio las plataformas no responden del contenido ilegal si actúan de manera neutral, técnica y pasiva, aunque deben cumplir con la obligación de eliminar los contenidos ilegales una vez que tengan conocimiento efectivo de ellos.
Cuando hablamos de "contenido ilegal" nos referimos a cualquier material que infrinja la normativa vigente, como obras protegidas por derechos de autor sin la debida autorización, la falta de licencias, discursos que inciten al odio, contenido pirata y cualquier material que fomente actividades ilícitas. Un ejemplo típico es la distribución no autorizada de películas o series por la falta de las licencias requeridas.
¿Qué tienen que hacer las plataformas frente al contenido ilícito?
El art. 16 DSA establece que estas plataformas tienen que establecer mecanismos y canales que permitan notificar la presencia de contenidos ilícitos en ellas.
Por ejemplo, los formularios de denuncia de YouTube que se encuentran disponibles para cualquiera o la nueva función de X disponible en los tres puntos pequeños en la esquina superior derecha de cada publicación.
Por otro lado, el art. 15 de la DCE establece que estas plataformas no tienen una obligación general de supervisión y que tampoco están obligadas a la monitorización (art. 8 DSA). Es decir, no tienen que realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.
Eso sí, tienen un deber de colaboración. Esto significa que, si tienen conocimiento de que se ha subido contenido ilegal a su plataforma, deben actuar de inmediato para eliminarlo.
Conclusión: ¿Quién es el responsable del contenido ilegal subido a las plataformas de streaming?
En principio, las plataformas de streaming no son responsables del contenido ilícito que hay subido en ellas si lo desconocen. Por lo que el principal responsable del contenido ilegal subido a las plataformas de streaming es, en general, el usuario que lo publica.
Las plataformas no son consideradas responsables mientras no tengan conocimiento de la infracción o si, al ser informadas, actúan para eliminar el contenido de inmediato.
Sin embargo, su colaboración es esencial y deben contar con mecanismos efectivos para detectar y gestionar infracciones, asegurando el cumplimiento de las leyes y protegiendo los derechos de autor.
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